La Legislatura aprobó modificaciones a la ley de catastro y hay polémica
La sesión de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires del último jueves 8 de julio no estuvo exenta de polémica. En dicha jornada, el oficialismo aprobó las modificaciones a la ley de catastro, como se conoce al estado de hecho de la cosa inmueble, en relación con el derecho de propiedad emergente de los títulos invocados o de la posesión ejercida. La misma actúa como poder de policía y como base del sistema en lo tributario.
La discusión fundamental tiene que ver con la ventana que quedó abierta, a partir de las reformas, a la introducción de barrios cerrados al territorio porteño, algo actualmente vedado. Para evitar vacíos legales al respecto, la oposición había solicitado en la previa del debate que el Gobierno de la Ciudad elimine del texto las definiciones de “conjuntos inmobiliarios” y “propiedad horizontal especial”, haciendo una prohibición explícita a los barrios cerrados.
De esa manera, no habría dudas futuras sobre el alcance de la nueva ley. Sin embargo, el bloque de Vamos Juntos impuso su mayoría, y con el voto de todos los aliados alcanzó las 36 adhesiones, venciendo la resistencia opositora. No obstante, para bajar la tensión hizo caso parcial al pedido de las otras fuerzas, aunque estas no quedaron satisfechas y dicen que no está cerrada del todo la posibilidad de instalar barrios cerrados.
El diputado del “Frente de Todos” Javier Andrade fue quien más enfatizó los argumentos que lo llevaron a denunciar que la normativa dejaba abierto el lugar para que a futuro se decida instalar un emprendimiento de este tipo en el suelo porteño. “No es un invento nuestro, que se nos ocurrió que Larreta quería barrios privados. Tomaron la figura de ‘conjuntos inmobiliarios’ y de ‘propiedad horizontal especial’ que son las que habilitan la posibilidad de construcción de barrios privados. No fue una idea nuestra, pero obviamente lo pusimos en evidencia”, aseguró en la sesión.
Desde el oficialismo hubo dos voces que plantearon los motivos por los que no avanzaron con el pedido opositor. El presidente de Comisión de Planeamiento Urbano Daniel Del Sol, sostuvo que “no está en nuestro espíritu la creación de barrios cerrados en la Ciudad”. En el mismo sentido, su colega Cecilia Ferrero afirmó que es inocua la solicitud, dado que “los barrios cerrados están prohibidos en el Código Urbanístico”.
Pero esta cuestión no fue la única que suscitó polémica respecto al catastro. Organizaciones sociales que trabajan en defensa del espacio público hicieron sentir su desacuerdo. Una de ellas fue el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, que envió una carta a la Legislatura en la que instó a los legisladores que la norma “defina de manera taxativa el carácter indefectiblemente público de todas las vías y calles existentes y futuras”.
