La Ciudad desmanteló en Chacarita una feria ilegal que convivía con puestos habilitados
Una madrugada de tensión y despliegue masivo transformó el corazón de Chacarita: el Gobierno porteño desalojó a más de 5.000 manteros del Parque Los Andes en un operativo que, según Jorge Macri, apunta a “recuperar el orden” y proteger a comerciantes legales.
La movida, respaldada por 200 policías y 110 inspectores, busca erradicar la venta ilegal que, denuncian, genera competencia desleal y pone en jaque al espacio público.
“Tomé un compromiso muy claro con los porteños y lo estoy cumpliendo”, sentenció el Jefe de Gobierno, visiblemente firme en su postura. “El espacio público es de los vecinos, no de quienes lo ocupan para lucrar fuera de la ley”.
La escena no fue improvisada. El operativo comenzó en la noche y se extendió hasta la mañana del día siguiente.
Participaron más de 300 agentes estatales, entre policías de la Ciudad e inspectores del Ministerio de Espacio Público, quienes trabajaron bajo órdenes judiciales claras: desalojar a los manteros que cada fin de semana se apropiaban de buena parte del Parque Los Andes.
Los números del procedimiento reflejan su envergadura. Se incautaron 6.700 bultos de mercadería, 127 estructuras de puestos, 112 hierros metálicos utilizados como soporte y dos camionetas sin documentación o verificación técnica vehicular.
La Fiscalía Especializada en Investigaciones Complejas, a cargo de Celsa Ramírez, estuvo al frente de la causa. Según fuentes oficiales, no se registraron incidentes violentos.
La justificación oficial gira en torno a la defensa del comerciante formal y del espacio público. Jorge Macri fue contundente: “La usurpación genera inseguridad, desorden, suciedad y competencia desleal”. Y agregó que este tipo de acciones no son aisladas.
En los últimos meses, su gestión ejecutó desalojos similares en Once, Flores, Retiro, Florida, Constitución, Parque Centenario y Parque Patricios, con la misma lógica: evitar la instalación de ferias ilegales, muchas veces organizadas por mafias.
El caso de Chacarita tiene una particularidad: los manteros convivían con una feria legal de 310 puestos habilitados, donde feriantes y emprendedores ofrecen productos hechos a mano, desde bijouterie hasta juguetes artesanales.
Esta convivencia forzada derivaba, según los feriantes legales, en un perjuicio constante: “Es imposible competir con quien no paga impuestos ni cumple reglas”, comentaba una artesana con puesto habilitado que prefirió no dar su nombre.
La problemática no es nueva, pero el enfoque sí. La gestión de Jorge Macri ha endurecido su postura frente a lo que considera “naturalización del desorden”. En sus palabras: “Si permitimos que se tomen calles, después vendrán las plazas y más tarde los edificios. No hay derecho a usurpar lo que es de todos. Hay que dar el debate y volver a poner límites claros”.
En paralelo al desalojo, el Gobierno avanza con proyectos que buscan recuperar el espacio urbano y darle otro sentido. Muy cerca del lugar, en la calle Rodney, se construye un polideportivo a pedido de los vecinos.
Y también se levanta un Centro TUMO, un moderno modelo educativo de origen armenio que ofrece capacitación tecnológica y artística a jóvenes fuera del horario escolar.
Desde el Ejecutivo porteño aseguran que el seguimiento es constante. Tras cada operativo, se implementan controles periódicos en la zona para evitar la reinstalación de manteros, algo que —según dicen— ha dado resultado en otros puntos críticos de la Ciudad.
Los vecinos de Chacarita, mientras tanto, tienen posiciones divididas. Algunos celebran el orden recuperado; otros, alertan por la falta de una solución social para los vendedores desalojados.
Más allá de la contundencia oficial, la discusión se torna inevitablemente más compleja. ¿Qué hacer con quienes dependen de esa economía informal para subsistir? ¿Alcanza con el desalojo si no se ofrece una alternativa viable?
Aunque desde el Gobierno aseguran que hay políticas sociales vigentes para acompañar a quienes quieran formalizarse, lo cierto es que muchos de los desalojados vuelven, eventualmente, a otras zonas. Es un juego del gato y el ratón que se repite hace años.
Por lo pronto, el mensaje político es claro: hay una nueva línea de orden urbano, con tolerancia cero a las ocupaciones ilegales. Resta saber si esa lógica podrá sostenerse en el tiempo sin un componente más profundo de inclusión.
Estuve en el Parque Los Andes horas después del operativo. Lo que se respira ahora es una mezcla de alivio y vacío.
Donde antes había cientos de mantas, sólo queda el eco de una disputa urbana que parece no tener fin. Las mantas se levantaron, sí, pero el debate sobre la informalidad sigue desplegado sobre el asfalto.
El Parque Los Andes no es un espacio cualquiera. Inaugurado en 1941 y ubicado en el corazón de Chacarita, entre las avenidas Dorrego y Federico Lacroze, y las calles Guzmán y Jorge Newbery, este pulmón verde de casi cinco hectáreas fue diseñado por el prestigioso paisajista Carlos Thays, el mismo que dio forma al Jardín Botánico y a tantos otros espacios emblemáticos porteños.
Su nombre rinde homenaje a la Cordillera de los Andes, símbolo geográfico y cultural de la Argentina.
Durante décadas, el parque funcionó como un punto de encuentro para los vecinos: sus senderos, juegos para chicos y arboledas añejas lo convirtieron en una postal clásica del barrio.
Pero en los últimos años, el lugar se transformó también en epicentro de una creciente tensión urbana.
A la tradicional feria de artesanos habilitados —con más de 310 puestos legales que ofrecen productos hechos a mano en cuero, tela, vidrio o madera— se sumaron cientos de manteros que ocupaban el espacio sin habilitación, vendiendo desde ropa y libros hasta artículos tecnológicos y alimentos.
Esta convivencia forzada entre lo legal y lo informal derivó en un conflicto crónico. Mientras los emprendedores formales denunciaban competencia desleal y pérdida de ventas, los manteros alegaban necesidad y falta de alternativas laborales.
En ese escenario, el parque quedó atravesado por un dilema que excede sus límites geográficos: la tensión entre el orden y la subsistencia, entre el cumplimiento de la norma y la economía popular.
